martes, 25 de marzo de 2014

El Tribunal Constitucional español impide a Catalunya su plebiscito

 
 
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El Tribunal Constitucional español impide a Catalunya su plebiscito

El punto de partida de la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán es inconstitucional, según resolvió el Tribunal Constitucional de España. La afirmación de que "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano" debe considerarse nula, lo que implica que tampoco cabe en la Constitución la llamada unilateral a las urnas del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El Tribunal, dividido en un principio ante el recurso del Gobierno, logró alcanzar una llamativa unanimidad al aceptar, tras la inconstitucionalidad de la referencia a la soberanía, que la relativa al "derecho a decidir" sí podía salvarse si se interpretaba conforme a la Constitución. En particular, si se interpreta que ese cauce de decisión debe cumplir con 9 principios recogidos en la propia declaración.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por unanimidad la declaración soberanista aprobada por el Parlament catalán el 23/01/2013 como paso previo para el referéndum sobre la independencia, una decisión adoptada un año después de que el Gobierno central impugnara la iniciativa del presiente catalán, Artur Mas. Finalmente, la mayoría conservadora ha conseguido que la ponente de la sentencia, Adela Asúa, cambiara el significado de esta.
 
Según fuentes jurídicas, el fallo considera contraria a la Constitución la proclamación de una soberanía política catalana, pero deja la puerta abierta a que una reforma constitucional permita el ejercicio del derecho a decidir.
 
La declaración fue recurrida por el Gobierno central, recurso que ahora se estima justo antes de que el Parlament formalizara las recusaciones contra el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y los magistrados, Pedro José González-Trevijano y Enrique López. La iniciativa parlamentaria, acordada hoy, ha causado un profundo malestar en el Alto Tribunal, que con su decisión se ha adelantado a la presentación de las recusaciones, dejándolas sin recorrido.
 
El Tribunal también declara constitucionales las referencias "al derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya" ya que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. 
 
En el último pleno en que se revisó la ponencia, la mayoría de los magistrados solicitaron a la ponente que modificara su texto y elaborara uno nuevo teniendo en cuenta una premisa primordial, el contexto catalán y su intención de independizarse. En su momento, le pidieron que redactara un nuevo escrito que encajara con la idea mayoritaria respecto a la impugnación del Gobierno a la resolución aprobada por el Parlamento catalán: una declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, en la que declara que Cataluña es “sujeto jurídico y político soberano”.
 
Quienes apoyaban el primer borrador presentado por Asúa en febrero consideraban que el eje central del problema es que el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar una declaración de un parlamento autonómico que en sí mismo no tiene ningún efecto jurídico y, por tanto, se escapa de sus competencias.
 
Sin embargo, la mayoría entendía que sí debía entrar a valorar el fondo del asunto. Para empezar, la propia Constitución señala en su artículo 161 que el Gobierno “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
 
"En el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España", explica el TC, que sin embargo salva las referencias de la declaración al "derecho a decidir", siempre que se interprete que éste debe ejercerse dentro de los cauces legales.
 
La sentencia fue dictada por unanimidad tras una reunión de algo más de 60 minutos que comenzó a primera hora de la tarde del lunes 25/03. Los 12 magistrados habían comenzado a examinar la propuesta se sentencia a lo largo de la mañana, al mismo tiempo que el féretro con el principal impulsor de la Carta Magna, Adolfo Suárez, salía del Congreso de los Diputados camino de Ávila.
 
El derecho a decidir podría salvarse
 
El Tribunal, dividido en un principio ante el recurso del Gobierno, logró alcanzar una llamativa unanimidad al aceptar, tras la inconstitucionalidad de la referencia a la soberanía, que la relativa al "derecho a decidir" sí podía salvarse si se interpretaba conforme a la Constitución. En particular, si se interpreta que ese cauce de decisión debe cumplir con 9 principios recogidos en la propia declaración.
 
"Estos principios son adecuados a la Constitución y dan cauce a la interpretación de que el 'derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña' no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el 'derecho a decidir'. Cabe, pues, una interpretación constitucional de las referencias al 'derecho a decidir' de los ciudadanos de Cataluña", dice la sentencia.
 
El TC se centra en los principios de "legitimidad democrática", "diálogo" y "legalidad". Sobre este último, resalta que es el que establece que cualquier actuación debe estar sometida a los cauces legales, sin inventar vías alternativas o forzar situaciones de hecho. Eso sí, añade en esta segunda parte de la sentencia -más abierta a las tesis nacionalistas- que "la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión" y que la norma puede modificarse si se hace por los cauces legales.
 
En cuanto al principio de "diálogo", el TC resalta que los poderes públicos "están llamados a resolver" con él los problemas sobre el estatus jurídico de las autonomías y que "el deber de lealtad constitucional" que tienen los poderes públicos "requiere que si la Asamblea Legislativa de una comunidad, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional, formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla".
 
La sentencia, finalmente, se cierra con la afirmación de que la referencia al derecho a decidir "expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".
 
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