jueves, 27 de marzo de 2014

Alemania expulsará a todo europeo que no encuentre empleo en 180 días

 
 
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Alemania expulsará a todo europeo que no encuentre empleo en 180 días

Alemania vuelve a enseñar una lección. No solamente logró resistir al derrumbe global de 2008/2009 y financiar el rescate de los países en problemas como Grecia, Irlanda, Portugal y España, sin detener el dinamismo de su economía. También marca una línea a la inmigración de la pobreza, aún cuando se trate de ciudadanos comunitarios. Quien no se inserte laboralmente en 6 meses, deberá regresar a su lugar de origen. Todo un mensaje para países subdesarrollados como la Argentina, atestada de la inmigración de los pobres de Paraguay, Bolivia, Perú y otros países latinoamericanos y hasta africanos.

Las autoridades alemanas pedirán a los inmigrantes de la UE que soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante. La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como "turistas sociales", nació a fines del año pasado en Baviera.

Buscando limitar la “inmigración de la pobreza”, el Gobierno de coalición alemán podrá en marcha, desde junio, un controvertido proceso con el objetivo de expulsar del país a los inmigrantes de todos los países socios en la Union Europea que no encuentren trabajo en un plazo de 3 o 6 meses. 
 
Con la vista puesta en los trabajadores rumanos y búlgaros —sobre todo, de etnia gitana— y para evitar que utilicen la libre circulación que garantiza la Unión Europea para beneficiarse del generoso sistema social que impera en el territorio germano, el Ejecutivo de Angela Merkel dio un paso al frente: aprobó un informe de 133 páginas, titulado Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE —elaborado por un panel de expertos de varios ministerios—, concediendo un plazo de entre 3 y 6 meses para que cualquier inmigrante comunitario pueda encontrar un trabajo en Alemania. 
 
Si al cabo de ese tiempo no ha logrado empleo, deberá regresar a su país.
 
“El número de inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía y los problemas sociales que están parcialmente asociados a la inmigración son manejables y controlables a nivel nacional, pero representan un problema en varias ciudades específicas que tienen bolsones de pobreza”, dijo el ministro del Interior, Thomas de Maizière. 
 
Él calificó el aumento de la inmigración en Alemania (un 5,8% más en 2013, hasta sumar 7,6 millones de personas) como una “buena noticia. Los inmigrantes aportan bienestar a nuestro país”, dijo.
 
El texto pone énfasis en la lucha contra el fraude que, según las autoridades alemanas, realizan numerosos inmigrantes comunitarios que llegan desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que quienes cometan el delito de fraude social deben ser expulsados y castigados con una prohibición temporal para poder volver a Alemania.
 
Para evitar el abuso, las autoridades pedirán a los inmigrantes de la UE que soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante.
 
La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como “turistas sociales”, nació a fines del año pasado en Baviera. 
 
Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores rumanos y búlgaros llegarán al país en 2014, atraídos por la prosperidad económica, pero también por las generosas ayudas sociales que reciben todas las personas con un contrato de trabajo. Ahora viven en Alemania unos 267.398 rumanos y 146.828 búlgaros y apenas 7% está sin trabajo.
 
El periódico conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió el contenido del informe con un título sugerente: “El que no encuentre trabajo, tiene que irse”.
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